En general, las propuestas de los ocho binomios a la presidencia de la República privilegian las áreas económica, social y política. En los planes de trabajo que reposan en la página web del Consejo Nacional Electoral, es poco lo que se plantea en materia cultural.
Solo tres planes de trabajo le dedican al menos una sección a la cultura: el de Washington Pesántez (que ve en el patrimonio una oportunidad para aumentar el turismo), el de Paco Moncayo (que propone unir los Ministerios de Cultura, Educación y Deportes) y el de Lenín Moreno (que propone doce revoluciones, entre ellas la cultural).
Pero hay un gran espectro detrás en este campo: la Ley Orgánica de Cultura, que fue aprobada a inicios de noviembre de 2016, y que actualmente está a la espera del reglamento que la norme, y —a diferencia de la Ley de Comunicación, que está en la mira de la mayoría de los candidatos opositores—, nadie ha dicho que no debiera existir.
Candidatos opositores como Guillermo Lasso o Iván Espinel se han referido en términos positivos a la aprobación de la Ley de Cultura. Moncayo y Abdalá Bucaram Pulley, en cambio, han hablado de cambiar partes del texto referidas a la autonomía de las instituciones culturales y a la seguridad social de los artistas, respectivamente.
En definitiva, ninguno de los aspirantes ha hablado de derogar esta Ley. A lo sumo, lo que se plantea son modificaciones específicas. Es decir que quien asuma el próximo 24 de mayo la presidencia del Ecuador, tendrá a la mano este cuerpo legal como marco para establecer políticas públicas en temas culturales.
Según la Unesco, la cultura es el cuarto pilar del desarrollo sostenible, y alrededor del mundo, distintas constituciones la definen como un área estratégica a la cual hay que proteger y estimular. Por eso, en este espacio, hemos querido plantear un análisis de las propuestas culturales de los ocho candidatos a la presidencia, a poco menos de un mes de las elecciones del 19 de febrero. Y dadas las coyunturas, nos interesa hacerlo desde el siguiente punto de vista: ¿Cómo se articulan esas propuestas con la nueva Ley?